La extinción de Luz y Fuerza del Centro

Armando Javier Francisco Zárate Buendía*
La Jornada
1 de julio, 2010

En la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (Sener) y el representante del Sistema de Enajenación y Administración (SAE) de los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sorprende la ligereza con la que responden éstos a los cuestionamientos hechos por los legisladores, sobre la extinción de la empresa paraestatal, como si las políticas públicas que impone el gobierno federal a las entidades derivadas de la administración pública federal no fueran su responsabilidad.
Porque ahora resulta que el motivo de la separación de más de 40 mil trabajadores obedece a los “altos costos de operación, a la imposibilidad de otorgar el servicio de energía eléctrica, en las diferentes zonas habitacionales e industriales que se han ido desarrollando dentro de la zona de LFC y a la falta de cumplimiento al convenio de productividad” firmado en marzo de 2008, a ejecutarse en un periodo de cuatro años (2008-2012), por su contenido de mediano plazo en rubros como la restructuración del área comercial, proyecto que se encontraba en proceso de implementación y que sólo faltaba la inversión presupuestal, para la adquisición de nuevas tecnologías.
Los problemas financieros de los organismos públicos obedecen fundamentalmente a los criterios que imponen los funcionarios responsables de la administración pública. Para su desarrollo financieramente sano, es necesario que se cuente con los recursos presupuestales suficientes, en función de la demanda del servicio. Por ejemplo, analicemos el año de la firma del convenio de productividad 2008: en 2007 la SHCP propuso para el presupuesto de inversión 4 mil 222.7 millones de pesos, mismos que autorizó el Congreso de la Unión, siendo que el organismo solicitó 10 mil 895.7 millones, con lo que se creó un déficit de 61.2 por ciento.
La venta de energía, que en el caso de LFC debió ser la principal fuente de ingresos (ya que también se contaba con una planta productiva para producir y comercializar torres de transmisión, tableros, herrajes, postes y una amplia variedad de productos de concreto, necesarios para crear la infraestructura de la industria eléctrica), estaba sujeta a los programas sectoriales, diseñados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la cual LFC simplemente no existía.
En 2008 la política en producción de energía fue diseñada por el Estado así: para CFE, 38 mil 474 megavatios (Mw); a los productores independientes de energía, 11 mil 457 Mw, y a LFC, mil 174 Mw, siendo que su demanda estaba estimada en alrededor de 8 mil 800 Mw. Los más de 7 mil Mw adicionales que se requerían para proporcionar el servicio se le compraban a la CFE, con el siguiente criterio: en enero de 2008 CFE compró la energía eléctrica a los privados en 0.5670 centavos el Kwh, y a LFC se la vendió a 1.1040 el Kwh; asimismo, LFC la vendió a los industriales a 0.948 el Kwh, valor impuesto por Hacienda, quien define las tarifas de venta a los usuarios finales. Para cubrir el déficit generado por la compraventa de energía, la SHCP tenía que cubrir forzosamente el monto que se convertía en subsidio, sobre todo a los industriales.
El primer informe está registrado en los cuadernos de la junta de gobierno del organismo, misma que fue presidida en innumerables ocasiones por el subsecretario de Energía de la Sener, Benjamín Contreras. Lo que refleja con sus comentarios vertidos en la comparecencia ante los legisladores es una persistente tendencia a mentir dolosamente, o desconocimiento del contenido escrito en los cuadernos de la junta de gobierno de LFC, lo que también es grave.
De cualquier manera, se continúa falseando la información en el caso Luz y Fuerza del Centro.
* Coordinador de la Comisión Mixta Permanente de Productividad del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Estalla huelga en El Cubo; los mineros prevén que la STPS la declarará ilegal

Golpean guardias a trabajador; impiden a empleados de Gammon Gold sacar dinamita

Carlos García, Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 38

Guanajuato, Gto., 30 de junio. La sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) inició la huelga en la mina El Cubo, en demanda de que la empresa canadiense Gammon Gold cumpla con el pago de utilidades, que ha negado a los trabajadores desde hace 10 años, o en todo caso entregue a cada uno un bono de 50 mil pesos.
Al grito de “¡viva México, fuera los canadienses!”, unos 300 trabajadores colocaron la bandera de México y las rojinegras en el acceso al yacimiento. “Mineros, unidos, jamás serán vencidos”, exclamaban y portaban cartulinas con frases como “las utilidades son nuestro derecho”.
Desde temprano, los trabajadores esperaron al actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje para dar fe del inicio de la huelga, pero el funcionario nunca apareció, a pesar de que el movimiento está avalado por esta autoridad. Al mediodía en punto iniciaron su protesta sin el visto bueno de los conciliadores.
“Ya sabíamos. Van a querer declarar inexistente la huelga”, dijo uno de los sindicalizados mientras sus compañeros exigían a cuatro guardias privados que abandonaran las instalaciones.
Javier Zúñiga García, secretario del trabajo del sindicato, advirtió que si la Secretaría del Trabajo se atreve a declarar inexistente la huelga no permitirán que los canadienses reanuden actividades con otro personal.
“Los mineros somos una familia y sabemos que tenemos un gobierno (federal) que va en nuestra contra, que busca desaparecer a los sindicatos. ¿Dónde está la sensibilidad del gobierno para las familias de los huelguistas de Cananea y El Cubo?”, preguntó el dirigente.
Zúñiga García aseguró que inversionistas de Guanajuato se acercaron al sindicato para ofrecerles explotar el yacimiento de El Cubo junto con los mineros si Gammon Gold se va definitivamente.
“Vamos a dar la lucha, a llegar a buenos términos o a responder si se nos agrede”, adelantó el sindicalista.
Unas 14 horas antes de la huelga, unos 30 empleados de Gammon Gold –encabezados por el contralor de la empresa, Salvador Salgado– cargaron 12 toneladas de dinamita en tres camiones de la empresa Oviedo, pero los mineros y habitantes de la comunidad El Cubo impidieron que se llevaran el explosivo.
En los jaloneos, tres guardias privados golpearon al minero José Luis Martínez López, incluso con una piedra, y tuvo que ser atendido en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró Zúñiga García.
El 3 de junio los empleados iniciaron un paro porque Gammon Gold, empresa canadiense que explota el yacimiento de oro y plata, se negó por décimo año consecutivo a pagar utilidades. Los mineros pidieron un bono de 50 mil pesos en compensación, pero los inversionistas anunciaron el despido de 397 sindicalizados y el cierre indefinido de las minas el Cubo, Las Torres y Peregrina. Asimismo denunciaron por despojo a los dirigentes sindicales.
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Unidos, trabajadores de distintos gremios marchan hoy contra políticas de Calderón

En el Zócalo capitalino mostrarán su solidaridad con electricistas en huelga de hambre

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 21

La Unión Nacional de Trabajadores; el Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); el gremio minero, las principales centrales campesinas del país y organizaciones como Diálogo Nacional marcharán unidos este jueves hacia el Zócalo, en defensa de los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral y en repudio a la política económica aplicada por el gobierno del presidente Felipe Calderón.
La marcha se inscribe en una jornada nacional de lucha y de denuncia porque el gobierno actual “trata a los trabajadores como delincuentes y pretende resolver los conflictos sociales con la represión”, por lo que la movilización busca mostrar la solidaridad con los integrantes del SME que han cumplido más de 60 días en huelga de hambre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato minero, y para demandar el cese de la represión y el asesinato de dirigentes sociales.

Polarización y desigualdad

El pronunciamiento consensuado por estas organizaciones, que será planteado hoy en la plancha capitalina, señala que “este gobierno de derecha sólo ha promovido la polarización y la desigualdad, y ha permitido que los ciudadanos mexicanos sean impunemente asesinados en la frontera, que la organización social sea criminalizada y que las propuestas de los sectores campesino, sindical y civil se topen con oídos sordos, pues el gobierno no sabe negociar”.
El planteamiento del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas fue dado a conocer en la reunión semanal de la UNT; demanda que la administración federal apueste por una solución pacífica y negociada a los conflictos que involucran a mineros, electricistas, maestros y trabajadores de la banca de desarrollo, y exige que se detenga la actual política de agresiones contra el sindicalismo independiente.
“No podemos dejar pasar los agravios que ha cometido el gobierno federal contra los trabajadores, como los mineros de Cananea, ni dar el menor pie para que se dé entrada a una reforma laboral que vulnera los derechos de los trabajadores”, dijo el líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez.
Cabe señalar que el dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, Fernando Perfecto, fue electo nuevo líder de la presidencia colegiada de la UNT, en sustitución de Valdemar Gutiérrez, líder del gremeio del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien recientemente dejó dicha agrupación.
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Electricistas confían en que la Corte fallará a su favor, al igual que en el caso Atenco

Martín Esparza exhortó a Felipe Calderón a no presionar a los ministros de la SCJN

Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 19

Juristas, asesores laborales, legisladores y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, al igual que en el caso de los presos políticos de Atenco, amparen también a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, “víctimas de la ilegalidad” y la arbitrariedad del gobierno de Felipe Calderón
Antes de la clausura del foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, realizado en una de las sedes del Senado de la República, una centena de integrantes del SME se enteró de la resolución la Suprema Corte que ordenó la liberación de los 12 presos políticos de Atenco y rompieron en aplausos.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que “hay una pequeña luz de esperanza” para el SME, y pidió a Esparza y los trabajadores asistentes al foro que no cejen en su lucha, en acumular argumentos y razones para ponerlos en manos de los ministros que analizan su demanda de amparo en contra del decreto presidencial que acabó con Luz y Fuerza del Centro.
En su intervención, Esparza resaltó que si el llamado al diálogo que formuló Calderón es sincero, debe abstenerse de presionar a la Corte y permitir que libremente decida, ya que al igual que en el caso de Ignacio del Valle y los demás presos políticos de Atenco, en la extinción de Luz y Fuerza del Centro tampoco hubo el debido proceso y se pasó por encima de la Carta Magna y diversas leyes.
Esparza se congratuló porque hubo justicia para los integrantes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra y sostuvo que continuarán en el movimiento de resistencia civil, como lo han hecho desde hace ocho meses.
Durante el acto, el presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, expuso que varios integrantes de ese organismo han hablado con ministros de la Corte para demandar que se restaure el respeto a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, violentada por el gobierno federal.
Expuso que contra lo expresado por la juez Coutiño y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que negaron el derecho a la sustitución patronal luego de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, esa figura opera, ya que persiste la materia de trabajo.
“Los ministros de la Corte tendrán que observar que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo permite que subsistan los derechos individuales, pero sobre todo también los colectivos”, recalcó Fuentes. Dijo que el argumento central de las autoridades de que el interés nacional está por encima de los derechos individuales de los trabajadores del SME se cae, ya que el servicio de generación eléctrica ha sido entregado a empresas privadas.
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Vencimos al gobierno de tanta pinche injusticia, afirma Inés Rodolfo Cuéllar

• El papeleo oficial retrasa la salida de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo
• Nueve atenquenses dejaron por la noche el penal Molino de Flores
• Exigen actuar contra los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés

Javier Salinas Cesáreo, Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 5

Texcoco, Méx., 30 de junio. Los nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que desde mayo de 2006 estaban presos en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, fueron liberados esta noche tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En punto de las 22:30 horas, bajo pertinaz lluvia, las enormes puertas verdes que conducen a la aduana de la penitenciaría se abrieron. Uno a uno fueron apareciendo los nueve atenquenses.
Inés Rodolfo Cuéllar fue el primero en recuperar su libertad, vestido con el uniforme azul de los reclusos. Entre consignas y gritos de libertad fue recibido por unas 200 personas, entre familiares, integrantes y simpatizantes del FPDT.
Se logró vencer al gobierno, de tanta pinche injusticia que nos hizo en cuatro años; son cuatro años que nos quitaron de tu vida, pero que Dios los bendiga a ellos también, ¿por qué no?
Justicia no se hizo, porque falta castigar a los autores intelectuales de la represión. El gobierno nos hizo una injusticia que no tiene nombre, pero cuando uno se propone hacer las cosas se logran, expresó.
Media hora después salieron del penal Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales y Narciso Arellano Hernández. Antes de la media noche, los nueve simpatizantes del FPDT ya estaban libres.

Falta la verdadera justicia

Integrantes del FPDT consideraron que no se dan por satisfechos, porque no es un acto gracioso del Estado, no es un acto totalmente de justicia, sino apenas el cumplimiento de una pequeña parte de lo que demandamos.
Falta la verdadera justicia y que se proceda contra los autores intelectuales de la represión y de la muerte de los compañeros Alexis Benhumea y Javier Cortés, que son Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Wilfrido Robledo y Humberto Benítez Treviño, entre otros, dijo Juan de Dios Hernández Monje, abogado del FPDT.
Quién les va devolver el tiempo perdido; perdieron a su familia y no vieron cómo crecían sus hijos. Fueron cuatro años de sufrimiento, de lucha, pero aprendimos que hay que seguir luchando por otros presos, expresó María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero.
Pasadas las 13 horas, una vez que los ministros de la Corte determinaron que se les dejara en libertad, en San Salvador Atenco familiares, amigos y miembros del FPDT se reunieron en la plaza principal para organizarse y recibir a sus compañeros.
Una comisión se trasladó al penal Molino de Flores y ahí esperaron la salida de los nueve presos. Familiares y activistas gritaron consignas y golpearon con machetes, piedras y palos barandales y puertas del penal.
El 21 de agosto de 2008, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Édgar Eduardo Morales, Narciso Arellano Hernández, Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado, en la causa penal 58/2007.
El juez Jorge Alberto Cervantes Juárez los encontró culpables de secuestro equiparado en agravio de 14 policías estatales y federales, en hechos ocurridos el 3 y 4 mayo de 2006.

Fiesta de activistas afuera del Altiplano

Blanche Petrich e Israel Dávila Enviada y corresponsal

Almoloya de Juárez, Méx, 1º de julio. Al cierre de esta edición el papeleo oficial para concretar la liberación de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no había concluido. A las puertas del penal de máxima seguridad el jolgorio de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco se mantenía a buen ritmo, con la certeza de que los mil 519 días de cárcel habían concluido y de que las causas penales 95/06 y 96/06 se habían cerrado en definitiva.
En el interior de la cárcel, con la asistencia de su abogado Leonel Rivero, los trámites para la excarcelación de los tres dirigentes que hace cuatro años y dos meses fueron detenidos en la casa de un florista en Texcoco se desarrollaban con la complejidad que caracteriza un centro de máxima seguridad.
Ya desde las siete de la tarde el Poder Judicial mexiquense había confirmado la recepción del telegrama oficial enviado por la primera sala de lo penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando la liberación inmediata de los 12 presos políticos atenquenses.
La notificación correspondiente fue girada a la Secretaría General de Gobierno en Toluca para los nueve reclusos del penal estatal de Molino de las Flores, en Texcoco, y a la Secretaría de Gobernación para que procediera a la excarcelación de los tres internos en el Altiplano.
El inicio de este laberíntico trámite en las oficinas de Almoloya coincidió con la llegada de una caravana de cinco autobuses y una decena de vehículos procedentes de la ciudad de México, donde los atenquenses y un centenar de activistas solidarios de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos habían seguido desde la calle la sesión matutina de los ministros de la Corte.

Celebración con machetes

Apenas descendieron de los vehículos, los machetes volvieron a relucir y a sacar chispas del pavimento, esta vez en son de celebración. Trinidad Ramírez de Del Valle, esposa de Ignacio del Valle, declaró a la prensa: Esta liberación no significa que se haya hecho justicia con el pueblo de Atenco, porque queda pendiente que se castigue a los responsables de las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, quienes fueron abatidos por proyectiles de uso reglamentario de las policías federal y estatal el 3 de mayo de 2006, durante el avance de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo de San Salvador Atenco.
Recordó que para que finalmente podamos hablar de justicia cumplida, también está pendiente una investigación imparcial sobre las agresiones sexuales contra más de 20 mujeres que fueron detenidas durante el asalto del 4 de mayo y el castigo a los responsables.
Y concluyó: el otro gran pendiente es la anulación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre su hija América del Valle, acusada de los mismos cargos por los que en las próximas horas –o minutos– saldrán libres su padre y sus compañeros de militancia.
¡Qué momento tan especial estamos viviendo!, expresó doña Feli. Apenas un chal la defiende del frío. Ella viene desde el Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, militante de decenas de causas populares a lo largo de su vida, hoy presente también aquí.
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ONG y políticos: falta castigar a los violadores

• La resolución, incompleta, sostienen
• También debe sancionarse a los responsables de los operativos contra los atenquenses, dicen

Georgina Saldierna, Andrea Becerril,
Roberto Garduño y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 4

Senadores y diputados del PRD, así como organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgó el amparo y ordenó la liberación de los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.
No obstante, señalaron que se trata de una “solución incompleta, pues falta hacer justicia a las 27 mujeres violadas por policías del estado de México y castigar a los responsables de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006” contra los pobladores de San Salvador Atenco, estado de México.
Los diputados perredistas Alejandro Encinas, Enoé Uranga y Mauricio Toledo afirmaron que la decisión del máximo tribunal abre la puerta al rechazo legal que la sociedad debe encabezar “contra la criminalización de los movimientos sociales”.
Coincidieron en que los cuatro años de prisión que padecieron los líderes campesinos representan “un injusto castigo de autoridades que interpretan perversamente la ley”.
Senadores del sol azteca exigieron al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que retire los cargos contra América del Valle Ramírez –hija del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle, y de Trinidad Ramírez, quien encabezó esa organización durante el tiempo en que su esposo estuvo en prisión–, quien tras permanecer cuatro años fugitiva decidió pedir asilo al gobierno de Venezuela.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, manifestó que es muy bueno que la Suprema Corte haya echado abajo el afán del gobierno del estado de México de criminalizar la protesta social. Consideró que el máximo tribunal del país reparó una injusticia al frenar la lección que algunos querían dar al movimiento popular de la República.
Ahora “quisiera ver qué explicación dan quienes con saña pretendieron dar un escarmiento a líderes sociales, sindicales, políticos, indígenas del país, para que nadie más se atreva a expresar su verdad ni luchar por sus causas”.
Por separado, Alejandro Encinas, coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, señaló que la resolución cobra relevancia y es un paso importante para llevar justicia a los movimientos sociales.
“La determinación de la Corte debe ayudar a resolver la criminalización de los líderes sociales, y el caso de los dirigentes de Atenco no se generó por una acción del gobierno panista, fue una coalición de intereses de PRI y PAN. Es ahí donde debemos cambiar el desorden institucional que sólo afecta los intereses del pueblo.”
Enoé Uranga conminó al Poder Legislativo a reformar las leyes relativas al trato que deben recibir los dirigentes sociales. “La lucha social es tratada por el poder como delincuencia organizada. Es insólito que Felipe Calderón haya enviado una iniciativa judicial donde se incluye que la movilización social puede ser considerada como tal”, sostuvo.
El diputado Mauricio Toledo afirmó que la determinación del Poder Judicial acerca de los líderes de Atenco “es una decisión tardía que afectó sensiblemente las raíces de un movimiento social como el de los campesinos de Atenco, que no hicieron otra cosa que defender sus posesiones familiares y comunales, y da la pauta para que el Congreso federal ponga límites a la actuación de las instancias de gobierno cuando pretenden abusar de sus posiciones de privilegio”.
Respetan PAN y PRI la decisión de los ministros
Los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI en la Cámara de Senadores, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, manifestaron respeto por la decisión de los ministros.
“Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera definitiva lo que muchos estaban esperando”, resaltó Beltrones.
Yeidckol Polevnsky, senadora por el PRD, manifestó que a los presos de Atenco no sólo hay que pedirles perdón, sino resarcirles el daño que se les ha hecho al mantenerlos en la cárcel de manera injusta.
Por otra parte, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e Idheas señalaron que la liberación de los 12 presos de Atenco es muy importante, “pero es una solución incompleta”, por la falta de castigo para los responsables de los operativos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, manifestó: “Estoy emocionada, esta resolución me ha dejado perpleja, lo festejamos. Sin embargo, está pendiente el caso de América del Valle: ella tiene que poder caminar libremente en su país. Y falta justicia para las mujeres violadas”.
Adrián Ramírez, de la Limeddh, subrayó: “Nos sorprende favorablemente esta resolución, pero no está completa si no hay sanción para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y para los violadores de las mujeres” de San Salvador Atenco.
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Tras cuatro años de lucha, son libres, dijo Trini a cientos que esperaban el fallo

Habrá justicia cuando condenen a quienes perpetraron el proceso ilegal: Ofelia Medina

Víctor Ballinas y Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 3

Con el puño en alto, Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y esposa de Ignacio del Valle, bajó las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras escuchar la resolución del pleno. Emocionada, se fundió en un largo abrazo con Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997, y enseguida dijo ante el micrófono: “Después de cuatro largos años de lucha, podemos gritar el día de hoy: ¡Son libres… lo conseguimos!”
Con voz que denotaba su emoción, Trinidad Ramírez se dirigió a los más de 300 asistentes al mitin de apoyo por la libertad de los presos políticos, y gritó: “que todo el pueblo lo escuche y todo el país: el FPDT volvió a conseguir lo que parecía imposible, vencer al gobierno federal y al mexiquense. La Suprema Corte ha dictado la libertad inmediata de todos nuestros presos políticos, de los 12 compañeros. No es una concesión, sino un acto de congruencia jurídica y de respuesta a la movilización social.
Frente a esto, venimos a decir: teníamos la razón, siempre la tuvimos. Ninguno de nuestros 12 compañeros presos merecía estar privado de su libertad. Se trata de campesinos, maestros, estudiantes, universitarios, pobladores humildes que fueron recluidos por orden directa del Estado, por la acción concreta del poder federal y del estado de México.
Ante integrantes del FPDT, estudiantes, representantes de organizaciones sindicales y civiles, Trinidad Ramírez aseveró: en este momento nos embarga la emoción, hay sentimientos encontrados. El latir de mi corazón es cada vez más fuerte, pero bien sabía yo que ese latir estaba siendo acompañado no sólo por los que están aquí, sino por los que están en otros lugares. Veo lágrimas de mis compañeras y compañeros; cuando lloramos decimos que es de corazón, de un pueblo que lucha. Hoy logramos la libertad de todos. Es un triunfo de todos.
Jody Williams también alzó el puño y, visiblemente emocionada, señaló: Bravo para la gente de Atenco que tanto ha sufrido y todavía ha tenido esperanza de justicia. Con esta decisión histórica la Corte está diciendo que los derechos humanos sí valen en este país, que no valen sólo los derechos de la gente con poder y lana, sino los derechos de todos los mexicanos. Tal vez tengan un futuro mucho mejor. Ha sido un honor para mí estar con la gente de Atenco.
Más tarde, en entrevista, indicó que esto no es justicia completa. Están pendientes los casos de las 27 mujeres violadas y me gustaría saber cómo van a reparar el daño a los 12 presos que perdieron cuatro años de su vida. Pero hoy es día de festejar por la justicia en México. Nosotros, los 12 que firmamos la carta, vamos a continuar hasta que todos tengan justicia.
Ofelia Medina, en representación del Comité Libertad y Justicia para Atenco, manifestó: Esto no significa que haya justicia, simplemente quiere decir que se detuvo la injusticia; para que digamos que hay justicia tienen que ser condenados los culpables intelectuales y los que realizaron este proceso violatorio que hemos vivido.
Medina estuvo presente en la sesión de la Corte con Trini, Bruno Bichir, Williams y familiares de los presos políticos de Atenco. Al salir de la sesión sus rostros reflejaban su emoción. Hubo abrazos y lágrimas.
Antes, en el mitin por la liberación de los 12 detenidos de Atenco que se realizaba fuera de la Corte, Damián Camacho dijo a las 12:25: Nos acaban de informar que los ministros aprobaron la libertad de los nueve detenidos en el penal Molino de Rosas.
¡Libertad, libertad, presos políticos libertad!, gritaron los manifestantes machete en alto, entre lágrimas y abrazos.
A las 13:04, Camacho informó: “han votado los ministros por la libertad de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez… nos falta Héctor Galindo. Queremos libertad para todos”.
Por fin, a las 13:33, anunció: los ministros votaron por la libertad de Héctor Galindo... Ahora ¡vamos por la libertad de América del Valle!
Trini Ramírez destacó: “organícense, el mensaje es que el gobierno y el Estado no son invencibles. ¿Se puede vencer al gobierno? ¡Claro que se puede! ¿Es posible hacerlo? ¡Claro que es posible!
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Liberan a los doce presos atenquenses

• La primera sala de la Corte les concede el amparo
• La procuraduría del estado de México usó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado: ministros

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 2

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de “premisas falsas y endebles”, además de que utilizó “pruebas ilícitas” para imputarles el delito de secuestro equiparado.
En votación dividida (cuatro votos contra uno), los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Sin embargo, José Ramón Cossío, quien se sumó a los votos de Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aclaró que él votaba en favor del amparo, pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres.
Silva Meza y Zaldívar se opusieron al planteamiento de Cossío. Argumentaron que la propuesta no era congruente, porque la mayoría proponía dictaminar el amparo “liso y llano”, ya que las pruebas acusatorias de la procuraduría mexiquense fueron “insuficientes e ilícitas”.
Además, le recordaron que la decisión adoptada era “consistente” con los nuevos estándares del proceso penal fijados por la misma primera sala, cuando resolvió los amparos de los indígenas sentenciados por la matanza de Acteal y determinó la liberación de Alberta y Teresa, acusadas de “secuestrar” a seis agentes federales en Querétaro.
Cossío reivindicó su derecho a votar como mejor le pareciera, ante la inconformidad de los tres ministros que descalificaron el proceso contra los acusados por haber violado el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.
Sólo el presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, votó en contra del amparo, al considerar que sí quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado, en razón de que los funcionarios “retenidos” en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas.
De esta forma quedó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión contra Ignacio del Valle y de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.
En la sesión estuvieron presentes Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle; los actores Bruno Bichir, Ofelia Medina y Julieta Egurrola, del colectivo de apoyo a los presos de Atenco, y Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.
Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate recibieron el amparo por votación unánime.
Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la “retención” de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, en razón de que el Ministerio Público utilizó un álbum fotográfico para que los testigos reconocieran a sus agresores y porque la acusación se basó en “la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí”.
Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que “la ilegalidad de la sentencia reclamada” se pone más de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, “partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas”.
Agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”, que pone en entredicho “la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados”.
Consideró que el respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de ahí la importancia de la concesión del amparo y sentar un precedente para cuando se presentensituaciones como éstas en el futuro.
Subrayó que “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano”.
Silva Meza señaló que los amparos “adquieren una significación social superlativa, no sólo por tratarse de los quejosos, de líderes sociales emblemáticos de un grupo que se ha caracterizado por ser fuerte opositor del gobierno del estado (de México) donde fueron sancionados, amén de que también de diversas acciones del gobierno federal”.
Subrayó que si bien la práctica de “retener personas” vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un “desafío y desconocimiento” de la autoridad del Estado para obtener algo de éste, lo cierto es que también quedan en evidencia cuestiones como “la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado”.
En todos los casos se ordenó notificar, vía telegrama, a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de los acusados por lo que respecta al delito de secuestro equiparado.
Fuente

Boletín de Prensa de la Alianza de Tranviarios de México