En materia de “política laboral” a la usanza del PAN-Gobierno, no podemos dejar de lado la rabiosa e interminable ofensiva calderoniana contra la dirección del sindicato minero, ejercida al través de la subprocuraduría para el combate a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Tres sentencias judiciales federales tres para que se liberen cuentas bancarias incautadas a esa organización (con fondos por unos 25 millones de pesos) han sido desacatadas por esa dependencia, recurriendo sucesivamente a la fabricación de nuevas figuras “delictivas” cuando le fallaron las argumentadas en procesos anteriores. No obstante, no existe instancia alguna del Poder Judicial de la Federación que ponga freno a ese sórdido y tortuoso maniobreo leguleyo de la PGR, que no se da por vencida en la persecución de Napoleón Gómez Urrutia, al que Lozano Alarcón le inventa, un día sí y otro también, un nuevo frente opositor para despojar al sindicato de la titularidad del contrato-ley de esa industria y del derecho de huelga en Cananea, contra el Grupo México, del “ilocalizable” para notificaciones judiciales Germán Larrea Mota-Velasco.
En esa densa y pesada atmósfera político-judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hacerse cargo de la atención al explosivo caso de Luz y Fuerza del Centro, a partir de dos vertientes: 1) la revisión del amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto presidencial de extinción de ese ente, que dejó en la calle a 45 mil trabajadores; y 2) la solicitud de la Procuraduría General de la República, en nombre del Poder Ejecutivo, para que se dictamine sobre constitucionalidad de esa medida dictada en octubre pasado por Felipe Calderón. Como la mula no era arisca -la hicieron a palos-, hay elementos de percepción para decirle cautelosamente al SME: “no te arriendo las ganancias”.
Y es que, en asunto tras asunto que les caen en sus togas, los ministros -retribuidos con cargo a los contribuyentes a costo de maharajá- dejan poca duda de su militancia clasista del lado de “los buenos mexicanos” que han convertido al país en territorio de filibusteros. Ahí está, para un debate mayor (que incumbe al Poder Legislativo, nuevamente enzarzado en otra reforma del Estado), el tema del anatocismo, institucionalizado hace una década por el pleno de la Corte Suprema de Zedillo como privilegio exclusivo de los económicamente poderosos, léase los banqueros (por algo privilegio deriva del Derecho privado como contraposición al Derecho público).
En uno de varios casos, el de Banamex -cuya propiedad accionaria comparten Citigroup y el gobierno de Barack Obama-, que fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua a liquidar un contrato de inversión con intereses a tasa fija (1987), según la acumulación reclamada por el cliente demandante (mil 400 millones de pesos), el pleno revocó la sentencia para dejar el monto del resarcimiento bajo condiciones establecidas por el insospechable Banco de México, que parece operar como filial de la Reserva Federal de los Estados Unidos -por lo que se ve, dichas condiciones de aplicación retroactiva-, y no en los términos de la ley sobre la materia, vigente en el momento de la firma del contrato.
Hay que escuchar al ministro Presidente de la Corte, Guilermo I. Ortiz Mayagoitia, tratando de justificar el fallo en nombre de la preservación del “interés público”: Dar la razón al quejoso, alegó, pondría en riesgo “la estabilidad de la intermediación financiera” (ay, tan compadecida, tal intermediación, de la estabilidad de la economía popular y nacional). El interés “público”… y ¿qué hay del bien social dinamitado por los jueces cuando sentencian a los deudores a satisfacer la rapacidad de sus acreedores? Casos bastantes hay de suicidio de las victimas de la descomunal coacción. Pero esto no cuenta para la humanista doctrina jurídica de los togados unanimistas, de algunos de los cuales se sospecha redocumentaron sus deudas bancarias antes de legalizar la usura durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Nomás para poner nuestro granito de arena en los “festejos” del Centenario de la Revolución mexicana, cómo nos recuerda esa Corte a aquella que, en 1913, como lo hicieron conspicuos miembros del Partido Católico Nacional -padre en línea directa del PAN-, saludó jubilosamente las manos ensangrentadas del usurpador Victoriano Huerta, después de que éste asesinó a Francisco I. Madero, El apóstol de la democracia, y a José María Pino Suárez, por consigna del embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, dicho como recordatorio a Barack Obama, el renegado de la memoria de Martin Luther King, aquel bienamado negro soñador.
Shiftybos
SIPREQ CORP.
En esa densa y pesada atmósfera político-judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hacerse cargo de la atención al explosivo caso de Luz y Fuerza del Centro, a partir de dos vertientes: 1) la revisión del amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto presidencial de extinción de ese ente, que dejó en la calle a 45 mil trabajadores; y 2) la solicitud de la Procuraduría General de la República, en nombre del Poder Ejecutivo, para que se dictamine sobre constitucionalidad de esa medida dictada en octubre pasado por Felipe Calderón. Como la mula no era arisca -la hicieron a palos-, hay elementos de percepción para decirle cautelosamente al SME: “no te arriendo las ganancias”.
Y es que, en asunto tras asunto que les caen en sus togas, los ministros -retribuidos con cargo a los contribuyentes a costo de maharajá- dejan poca duda de su militancia clasista del lado de “los buenos mexicanos” que han convertido al país en territorio de filibusteros. Ahí está, para un debate mayor (que incumbe al Poder Legislativo, nuevamente enzarzado en otra reforma del Estado), el tema del anatocismo, institucionalizado hace una década por el pleno de la Corte Suprema de Zedillo como privilegio exclusivo de los económicamente poderosos, léase los banqueros (por algo privilegio deriva del Derecho privado como contraposición al Derecho público).
En uno de varios casos, el de Banamex -cuya propiedad accionaria comparten Citigroup y el gobierno de Barack Obama-, que fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua a liquidar un contrato de inversión con intereses a tasa fija (1987), según la acumulación reclamada por el cliente demandante (mil 400 millones de pesos), el pleno revocó la sentencia para dejar el monto del resarcimiento bajo condiciones establecidas por el insospechable Banco de México, que parece operar como filial de la Reserva Federal de los Estados Unidos -por lo que se ve, dichas condiciones de aplicación retroactiva-, y no en los términos de la ley sobre la materia, vigente en el momento de la firma del contrato.
Hay que escuchar al ministro Presidente de la Corte, Guilermo I. Ortiz Mayagoitia, tratando de justificar el fallo en nombre de la preservación del “interés público”: Dar la razón al quejoso, alegó, pondría en riesgo “la estabilidad de la intermediación financiera” (ay, tan compadecida, tal intermediación, de la estabilidad de la economía popular y nacional). El interés “público”… y ¿qué hay del bien social dinamitado por los jueces cuando sentencian a los deudores a satisfacer la rapacidad de sus acreedores? Casos bastantes hay de suicidio de las victimas de la descomunal coacción. Pero esto no cuenta para la humanista doctrina jurídica de los togados unanimistas, de algunos de los cuales se sospecha redocumentaron sus deudas bancarias antes de legalizar la usura durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Nomás para poner nuestro granito de arena en los “festejos” del Centenario de la Revolución mexicana, cómo nos recuerda esa Corte a aquella que, en 1913, como lo hicieron conspicuos miembros del Partido Católico Nacional -padre en línea directa del PAN-, saludó jubilosamente las manos ensangrentadas del usurpador Victoriano Huerta, después de que éste asesinó a Francisco I. Madero, El apóstol de la democracia, y a José María Pino Suárez, por consigna del embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, dicho como recordatorio a Barack Obama, el renegado de la memoria de Martin Luther King, aquel bienamado negro soñador.
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